Montero no descarta ajustes fiscales en los presupuestos generales de 2022

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, no descarta que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 pueda incluir algunos ajustes fiscales, aunque apunta que «no serán significativos ni nucleares», ya que la intención de que «la parte más importante» de la reforma fiscal que quiere acometer el Gobierno se produzca después de conocer el documento que el grupo de expertos formado para este fin publicará en febrero de 2022.

Preguntada por posibles ajustes fiscales a introducir en el proyecto de Presupuestos que en estos momentos negocian PSOE y Podemos, señaló que «habrá que esperar el informe del año 2022, por lo que en el Presupuesto la parte importante de la reforma fiscal no se contemplará».

En este sentido,  sobre si entonces los ajustes fiscales no se introducirían hasta la 2023, Montero apuntó que «las figuras fiscales no necesariamente tienen que ir vinculadas al proyecto de Presupuestos», y recordó que «las dos últimas figuras fiscales de nueva creación -las conocidas como tasas Google y Tobin- han ido independientes al proyecto de PGE y, por tanto, siempre se puede tramitar el proyecto de ley correspondiente que permita que el Congreso pueda hacer sus aportaciones».

Por tanto, la titular de Hacienda afirmó en una entrevista en Servimedia que «el hecho de que el documento se entregue en febrero implica que la parte fundamental de la reforma fiscal que va a impulsar este Gobierno no la tendremos hasta esa fecha posterior a la entrada en vigor de los Presupuestos, pero iremos estudiando todas las fórmulas, y todas aquellas que nos parezcan convenientes las acondicionaremos al momento económico».

«Justicia fiscal»

De esta manera, Montero planteó si «esto implica que se puede producir algún tipo de ajuste», para acto seguido responder que «lo veremos a lo largo del procedimiento presupuestario, pero no serán significativos ni nucleares». «A veces incluso se trata de redacciones sobre otras figuras fiscales que no están especialmente finas o que pueden contribuir a luchar contra el fraude fiscal», explicó.

A esto, añadió que «el grueso de la reforma fiscal está comprometido con Bruselas, primero con la entrega del documento y posteriormente iremos adoptando las medidas conforme la situación económica también lo vaya aconsejando».

En este sentido, la ministra declaró que «estamos saliendo de una pandemia» y que, por tanto, «hay que acompasar esa situación y esos tiempos». «Pero, sin duda, la justicia fiscal es un elemento fundamental de la justicia social y es fundamental que en este país cada uno aportemos según nuestra capacidad y recibamos según nuestra necesidad, y saben que hay algunas figuras fiscales que su rendimiento pone de manifiesto que hay trabajo por hacer», agregó.

Asimismo, Montero señaló que «tenemos que estar preparados para que en el momento que se retiren los estímulos los presupuestos ordinarios continuar con la senda de consolidación y transformación que imprimen el impulso adicional de los fondos europeos».

Bonificación al diésel

Entre las medidas fiscales que el Gobierno introdujo inicialmente en el proyecto de Presupuestos de 2021 se encontraba la reducción de la bonificación fiscal al diésel, con el objetivo de equiparar su tributación con la de la gasolina. Sin embargo, dicha iniciativa fue retirada durante la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas de este ejercicio por petición del PNV, uno de los principales apoyos parlamentarios del Ejecutivo de coalición.

Al ser cuestionada sobre si el Gobierno volverá a plantear esta medida en el proyecto presupuestario de 2022 que presentará a finales de septiembre, Montero lo descartó, al reiterar que «estamos esperando» al documento del grupo de expertos porque «justamente la parte medioambientales es la que espero con más interés».

«Estoy convencida de que hay toda una línea imprescindible para producir el cambio» ya que «la fiscalidad es una herramienta que permite incentivar o penalizar comportamientos». Por ello, se mostró a favor de «gravar la utilización de los combustibles que son gravosos para el medioambiente», pero indicó que «no está preparado, previo a la entrega de ese documento, adoptar ninguna decisión en materia de cambio sustancial de nuestra arquitectura fiscal que no sea respetuosa con esperar a que los expertos viertan ese trabajo».